ACTIVIDADES DE ALMA MIGRANTE
CONFIRMAN SENTENCIA QUE DETERMINA QUE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA NO PUEDEN PONER A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A PERSONAS EXTRANJERAS QUE DETIENEN
Después de dos años de litigio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Mixta del Decimoquinto Circuito Judicial confirmó en sus términos el amparo concedido en sentencia de 04 de junio del 2019 por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, Alexis Manríquez Castro, dentro del juicio 1597/2018 promovido por Alma Migrante, A. C. también conocido como el Amparo de Tijuana.
La resolución dictada por el juez federal ordena a la Presidencia Municipal de Tijuana girar instrucciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a los agentes que de ella dependen, así como a los jueces municipales, para que se abstengan de solicitar documentación migratoria a las personas extranjeras, pero sobre todo ordena detener la práctica arraigada de ponerlas a disposición del Instituto Nacional de Migración cuando son detenidas, porque el juzgador estimó que estas acciones son ilegales.
En este fallo también se estableció que todas las autoridades en materia de seguridad pública están obligadas a garantizar este derecho a cualquier persona con independencia de su situación migratoria o nacionalidad y no, como indicaron las autoridades del pasado, a proteger a los tijuanenses de los migrantes.
Claudia Portella, Directora del Desayunador “Padre Chava” manifestó: “Es importante visibilizar esta sentencia a los policías municipales para que realicen su labor como corresponde, sin tomar un rol que no les compete, pero sobre todo detener la criminalización de las personas migrantes”.
Devi Machete, en representación del Colectivo 1597TJ señaló: “Tijuana es una ciudad fronteriza formada en gran parte por migrantes. Todos los días, le damos la bienvenida a miles de personas de todo el mundo. Es la frontera más transitada que existe. Por eso exigimos que esta resolución se cumpla para amparar los derechos de los migrantes y refugiados a transitar y vivir aquí en paz. Nuestros barrios reconocen y celebran nuestras raíces migrantes. Emigrar no es un crimen. Los derechos migrantes son derechos humanos y se van a hacer respetar.”
Andrea Rincón, directora de Border Youth Collective, también en representación del Colectivo 1597 TJ dijo: “Las organizaciones tenemos el compromiso y la responsabilidad de actuar para generar políticas e incidencia jurídica que permita el gozo pleno de los Derechos humanos de las personas en movilidad.Hoy hemos demostrado eso.”
En su momento esta decisión fue combatida por Presidencia Municipal, sin embargo, recientemente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Mixta en Mexicali declaró infundados sus argumentos y confirmó la resolución dictada por el juez federal de Tijuana, por lo que es momento de que las autoridades municipales garanticen el pleno cumplimiento de esta resolución judicial en beneficio de la población en Tijuana.
Tania García, Coordinadora Legal de la organización Espacio Migrante indicó: “Esta sentencia es una oportunidad para que Tijuana comience a garantizar los derechos y la dignidad de las personas en contexto de movilidad y así convertirse en algún momento en ciudad santuario.”
Graciela Zamudio Campos, Directora General de Alma Migrante, declaró: “Esta mañana solicitamos a la Presidenta Municipal de nuestra ciudad que con el poder de su voz difunda urgentemente las limitantes a la actuación de las autoridades que revela la sentencia en su contenido; esto con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información de la población de Tijuana (personas migrantes, personas servidoras públicas y público en general)”.
Alma Migrante, A. C. es una asociación civil sin fines de lucro con sede en Tijuana, Baja California. Desde nuestra constitución en 2018, nos hemos enfocado en comprender la perspectiva de la comunidad regional de personas defensoras de los derechos humanos de los migrantes en la región respecto de los desafíos que nos ofrece la región. Diseñamos, compartimos e implementamos herramientas de defensa legal mediante las cuales podemos encarar tales retos en comunidad, con una perspectiva de auto-sustentabilidad e independencia. También emprendemos acciones de litigio contra el abuso de poder por autoridades mexicanas.