CONGRESO INTERNACIONAL
“Crisis migratoria en Europa y América a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” 4, 5 y 6 de mayo de 2022, Ciudad de México y Tijuana.
Justificación
Uno de los fenómenos que ha marcado la última década a nivel global es la crisis migratoria que ha ocurrido y ocurre en diversas regiones y países del planeta. Organismos internacionales especializados, han puesto especial atención debido al número de personas que se han visto obligadas a desplazarse, sosteniendo que “la magnitud de la actual crisis migratoria no tiene precedentes”.
Si bien la migración no es un fenómeno nuevo, las dimensiones que ha adquirido, las causas que la motivan y las afectaciones a los derechos humanos que suponen, ha despertado especial preocupación e interés de abordar los desafíos que supone y las medidas que habría que tomar para enfrentarla.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a noviembre del 2021 84 millones de personas en el mundo se habían visto obligadas a desplazarse,1 huyendo o dejando sus hogares debido a los conflictos, la violencia, la persecución, las amenazas, los desastres, la pobreza y el hambre, en busca de mayor seguridad y una vida mejor.
Es importante advertir qué si bien la crisis migratoria que vivimos en la actualidad no es resultado de un solo fenómeno, sino de varios, las instituciones convocantes consideran relevante y oportuno poner la atención en los movimientos humanos que han ocurrido en Europa, en particular la crisis de refugiados que afronta la Unión Europea desde el 2015, y en América, específicamente los que se han presentado en Venezuela, Centroamérica y Haití. Las razones de ello se refieren a continuación.
El 2015 fue considerado como el año de la crisis de refugiados en Europa, debido a los cientos de miles de personas que cruzaron el mar Mediterráneo huyendo de la guerra y de la persecución. De acuerdo con el ACNUR, sólo durante ese año más de 911,000 refugiados e inmigrantes llegaron a las costas europeas provenientes de Siria, Afganistán o Irak.2La llegada de inmigrantes y refugiados a Europa ha continuado desde entonces, procediendo también de Eritrea, Afganistán, Libia, de los países del Sahel y del Magreb y de los países del África subsahariana. Las dimensiones de estos flujos de personas han impuesto a la Unión Europea la toma de medidas para su atención y protección.
Los recientes acontecimientos en Ucrania, cuyo uno de sus efectos ha sido el desplazamiento de miles de personas a los países vecinos, reafirman la necesidad de pensar los flujos migratorios no desde la perspectiva nacional, sino regional y global.
En otra parte del mundo, en América, la situación política y social en Venezuela, que incluyó la falta de acceso a alimentos, medicamentos y servicios esenciales, fue el origen de una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. Conforme a información de la ACNUR existen 5.9 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en el mundo, de los cuales más del 80% se encuentra en América Latina y el Caribe, cuyas necesidades se han visto agravadas por la pandemia de COVID 19.3 De acuerdo con una encuesta a 1200 familias realizada por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, tres cuartas partes viven en la calle, el 80% son mujeres quienes, además, en más de la mitad de los casos, eran las proveedoras principales de sus familias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el crecimiento exponencial de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar en los últimos años, obedece a una “estrategia de supervivencia que les permita a ellas y sus familias preservar derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la salud y la alimentación, entre otros.”
Un poco más al norte, en el último lustro, se ha presenciado un incremento de la migración de personas provenientes de Centroamérica, especialmente de El Salvador, Honduras y Nicaragua con destino a Estados Unidos, transitando por México en ese recorrido. El empeoramiento del crimen y la violencia, fomentados por los cárteles de drogas y las pandillas, junto con la fragilidad institucional, la creciente desigualdad y las violaciones de derechos humanos son las causas que explican ese aumento.
De acuerdo con información de la ACNUR existen 580 mil personas refugiadas y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala -cifra que registró un incremento de más de 30% en comparación con el 2018- y más de 108 mil nicaragüenses han abandonado su país en busca de un lugar seguro.6La ausencia de cifras no puede invisibilizar el desplazamiento forzado de personas haitianas resultado de la violencia interna y de los desastres naturales que han azotado a la isla, lo que ha llevado a un incremento de la migración hacia la frontera norte de México, por donde buscan entrar a Estados Unidos.
Como puede adelantarse, las condiciones en las que se encuentran la mayor parte de las personas desplazadas es de falta de acceso a la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, oportunidades de empleo, entre otras. Que muchas de ellas no cuenten con documentación o permiso para permanecer regularmente en los países donde residen, les niega el acceso formal a los derechos y servicios básicos. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, la violencia, la discriminación y la xenofobia.
Un aspecto que han enfatizado diferentes órganos de derechos humanos respecto de los movimientos migratorios a los que se ha referido es el impacto diferenciado que ha tenido el desplazamiento forzado en grupos en situación de exclusión y discriminación histórica, como niños, niñas y adolescentes (NNA), mujeres, personas mayores, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas de la comunidad LGBTI, entre otros.
Las cifras referidas, detrás de las cuales están las historias de millones de personas cuyas vidas se han trastocado como resultado del desplazamiento al que se han visto forzadas a optar, nos impone reflexionar sobre cuáles deberían ser las medidas que los Estados deben tomar a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y específicamente del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular7, que reconoce que ningún Estado está en capacidad de abordar por sí solo el tema migratorio, dada su naturaleza transnacional y multidimensional.
De acuerdo con el Pacto Mundial, los migrantes y sus derechos humanos deben ser el centro de la actuación de los Estados, lo que ratifica su compromiso de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los migrantes, cualquiera que sea su condición.
Teniendo el derecho internacional de los derechos humanos como marco, los desplazamientos de miles de personas, por razones múltiples y diversas, deberían llevar a los Estados a dar respuestas -atención inmediata, marcos normativos, diseño e impulso de políticas públicas, entre otras medidas teniendo presente que los derechos humanos son de todas las personas sin importar su condición migratoria.
