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Derechos laborales de las personas migrantes
Por: Geovanna Dávalos Álvarez
A raíz de la llegada de un importante flujo de migrantes a la ciudad, la integración de esta población al mercado laboral ha representado importantes retos.
Por ello, hacer un abordaje de los derechos laborales de las personas migrantes en el contexto local, nos obliga primero a reconocer las condiciones de precarización a las que se encuentran sometidos.
En ese sentido, es importante señalar que el concepto de precarización, se encuentra íntimamente ligado con una serie de factores relacionados con la estabilidad del empleo, las condiciones, el salario y la dinámica del mismo, así como el grado de protección legal que este supone. De modo que, representa, uno de los ejes por el cual, lamentablemente se excluye a las personas del bienestar.
Partiendo del hecho de que entendemos como derechos laborales aquellos que permiten a las personas trabajadoras laborar en condiciones dignas y que, se pueden traducir de manera puntual a que sean tratados en igualdad de circunstancias, no sufran ningún tipo de acoso u hostigamiento, no sean discriminados y a contar, tanto con los procesos de formación y/o capacitación necesarios, como con una serie de condiciones mínimas que garanticen su seguridad social.
La realidad de Tijuana, sin embargo, ofrece una serie de escenarios violatorios a esos derechos en que las personas en situación migratoria irregular se enfrentan a accidentes laborales no cubiertos, a despidos injustificados y a falta de pago de sus salarios, como situaciones cotidianas.
Entonces, resulta sencillo comprender que el acceso al ejercicio pleno de los derechos laborales de las personas en contexto de movilidad sigue siendo una tarea pendiente para quienes se encargan de su garantía pues, si bien, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado, ofrece servicios relacionados con la prevención e inspección, con los que se busca abonar al proceso de vigilar y comprobar que se cumplan las leyes y reglamentos en la materia, no obstante, en el ejercicio diario de su quehacer, no cuentan con las herramientas necesarias que garanticen el acceso de las personas migrantes a esta serie de servicios pues, básicamente no se hace una labor de comunicación que atienda a la realidad de la población migrante. Este hecho, les impide, no sólo conocer, sino acceder a este tipo de servicios y, por consiguiente, permanecer en condiciones que perpetúan su grado de vulnerabilidad en materia laboral.
De modo que para estar en posición de atender el problema de precarización laboral de las personas migrantes, es necesario reconocer sus causas y consecuencias para estar en posición de diseñar políticas cuya implementación atienda a la realidad de dicho sector, que no necesariamente conocen sus derechos ni los mecanismos disponibles para ejercerlos, pues recordemos que, en términos de derecho, no basta con la creación de una ley o reglamento que reconozca el derecho en sí, de modo que se vuelve indispensable la creación e implementación de mecanismos que garanticen su ejercicio. Sólo de esta manera se podrá garantizar de manera efectiva su protección y el acceso pleno al ejercicio de sus derechos laborales.
