La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 refiere que la migración es un poderoso agente impulsor del desarrollo, pues aporta beneficios significativos en forma de capacidades, fortaleciendo la fuerza de trabajo, la inversión y la diversidad cultural (Organización Internacional para las Migraciones, 2022). Si bien, en la actualidad, el libre flujo de capitales, servicios y mercancías ha ido en aumento debido a la globalización, la eliminación de múltiples barreras para garantizar la libre circulación de personas dista mucho de la realidad.
Es claro que el fenómeno migratorio tiene implícito un proceso de mezcla e intercambio cultural, de modo que al hablar de integración social en este contexto, no hacemos referencia a la imposición de una cultura sobre la otra, sino a la capacidad de adoptar y desarrollar una serie de prácticas necesarias para que las personas migrantes y sus necesidades, sean tenidas en cuenta por la sociedad en que habitan.
Este proceso implica necesariamente diversos ámbitos, entre los que destaca el ámbito público – social, de modo que entendemos que la integración se da mediante un proceso, en el cual, las personas en contexto de movilidad, ya sea a manera individual o colectiva, son aceptados como parte de una sociedad, de modo que implica una adaptación bidireccional, es decir, tanto de las personas migrantes como de aquellas personas que habitan en su contexto, para así, asegurar el reconocimiento de las personas, su acceso a diferentes tipos de servicios, y por ende, al ejercicio pleno de sus derechos.
Hablar de un proceso de integración, nos exige un arduo proceso de reflexión, que nos lleve a cuestionar, señalar y posteriormente a modificar, una serie de prácticas y creencias racializadas que se han venido invisibilizado y que han ido perpetuando una serie de actitudes discriminatorias y xenófobas que al día de hoy, impactan de manera directa la vida de las miles de personas migrantes que habitamos la ciudad. Hacerlas visibles nos llevará a una mejor comprensión sobre las barreras que enfrentan las poblaciones migrantes para asegurar un empleo, vivienda, atención médica, educación y otras necesidades básicas, así como las causas que las generan.
Es un proceso a largo plazo, que pasa por analizar, además de lo propio, la manera en que esto impacta en la sociedad. No cabe duda que el reto nos exige actuar de manera inmediata, pues la plena incorporación de las personas en contexto de movilidad humana a nuestra sociedad, aunado de un profundo análisis del marco legal y estructural, facilitará el correcto diseño y posterior implementación de múltiples políticas de integración que atiendan a dichas causas.
Opciones existen, hay algunas que ya han venido desarrollándose en el aspecto cultural, como lo es el festival de “Miradas Fronterizas” que desde 2014 ha organizado el equipo de Espacio Migrante y con el que se pretende tejer comunidad, unir a la comunidad migrante con la local y con ello enriquecer el conocimiento de la población local y migrante en su integración a la ciudad (Chávez y Girón, 2021).
Además de algunas propuestas que desde la sociedad civil organizada se han venido impulsando, tal como la vinculación entre empresarios y personas en contexto de movilidad, para favorecer el desarrollo de relaciones que permitan crear lazos de confianza que faciliten el acceso de las personas migrantes a más y mejores oportunidades laborales, con la finalidad de favorecer la regulación migratoria que les permita obtener residencias temporales y así, acceder al ejercicio pleno de sus derechos con miras a la integración social a mediano y largo plazo.
Esto se podrá traducir en una adaptación mutua, que mantiene y enriquece lo propio y lo nuevo, pues, sólo en ese proceso común, se evitarán las tensiones sociales que surgen de la diferencia y del interés por desechar lo “otro”, y que a su vez puede llegar a fisurar nuestro estado de derecho.
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