La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó la actualización del “Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional”. Dicho Protocolo es una herramienta de actuación para las juezas y jueces, puesto que contiene lineamientos jurídicos para el trámite y resolución de ese tipo de asuntos.
El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá precisó que hablar de migrantes, asilados, refugiados y de sus derechos protege la dignidad humana. Al respecto, manifestó: “Todas estas personas que huyen del látigo de los conflictos armados, de la pobreza asfixiante, o de circunstancias políticas y sociales opresivas que los han obligado a tomar grandes riesgos para ir a otros países, siempre con la esperanza de un nuevo comienzo”.
La presentación del Protocolo estuvo a cargo de la maestra Regina Castro Traulsen, Directora General de Derechos Humanos de la SCJN, quien aseguró que “este Protocolo refleja la dura realidad que viven y sufren las personas migrantes en contexto de movilidad humana en nuestro país”. Por ende, indicó que no se puede perder de vista que detrás de las páginas del Protocolo “está la historia de miles de personas que han sido discriminadas, marginadas y abusadas”.
-Univision
-El máximo tribunal de justicia tiene en sus manos dos fallos clave. En uno, decidirán si los extranjeros que ya fueron deportados pueden pedir asilo si las circunstancias de sus casos cambiaron significativamente. En el otro, si los tribunales federales tienen jurisdicción para revisar sentencias de la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA).
El máximo tribunal de justicia de Estados Unidos tiene en sus manos dos casos que involucran a inmigrantes que batallan para no ser deportados y permanecer legalmente en Estados Unidos.
En uno, decidirán si los extranjeros que ya fueron deportados pueden pedir asilo nuevamente si alegan miedo creíble y las circunstancias de sus casos cambiaron significativamente.
En el otro, decidirá si las cortes federales tienen jurisdicción para revisar sentencias emitidas por la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA).
La decisión en ambos casos impactará en el futuro inmediato de cientos, quizás miles de no ciudadanos, principalmente aquellos que han perdido casos de asilo o fueron expulsados de la frontera de manera acelerada cuando llegaron en busca de la protección del gobierno federal.
La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en seis municipios de Baja California, Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín, Tecate y Tijuana, por la prevalencia de altos índices de violencia feminicida.
La resolución de la declaratoria incluye diez medidas de prevención, 11 de seguridad, 13 de justicia y cinco de reparación del daño, que marcan la ruta para la erradicación de la violencia feminicida en el estado.
De acuerdo con la CONAVIM, de 2015 a 2020 más de 6 mil mujeres han desaparecido en Baja California.
Desde el 26 de febrero de 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) presentó una solicitud de declaratoria de AVGM por violencia feminicida para el estado de Baja California y fue este 25 de junio que se resolvió a favor. De acuerdo al artículo 22 de la Ley General de Acceso, se define a la Alerta de Violencia de Género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
En Baja California se constituirá el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por los Gobiernos Estatal y Municipales para atender la implementación de las medidas establecidas en la presente Declaratoria de AVGM.
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