TEMAS DE INTERÉS
SUPREMA CORTE A PUNTO DE DAR UN GIRO A LAS DETENCIONES DE MIGRANTES
Por. Emmanuel Farias Camarero
Los seres humanos se encuentran en constante desplazamiento desde tiempos antiguos. Las razones para migrar son variadas, dentro de ellas encontramos la búsqueda de mejores oportunidades de empleo y económicas, reunirse con familiares o incluso para estudiar. Aunque en algunos casos, dolorosamente las personas escapan de conflictos, persecuciones, terrorismo o violaciones y abusos a sus derechos humanos en sus respectivos países.
El fenómeno que se presenta cuando una persona o grupo de personas se ven orilladas a huir de su hogar como consecuencia de un clima generalizado de violencia, un conflicto armado, o violaciones graves a sus derechos humanos, o bien, por desastres naturales, ello, sin la necesidad de cruzar una frontera internacional, es decir, dentro de su propio país o territorio, se conoce como desplazamiento forzado interno.
El desplazamiento forzado interno implica la violacion a una multiplicidad de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, además, es una transgresión continua y sostenida en el tiempo, pues el impacto generado por esta situación, perdura hasta en tanto las personas que lo sufren obtienen una solución duradera, osea, dejan de permanecer en un estado de vulnerabilidad vinculado a su desplazamiento.
En México las cifras de desplazamiento forzado interno son alarmantes, según el informe titulado “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2019”[1], se estima que durante ese año alrededor de 5 mil 128 personas tuvieron que abandonar el Estado de Guerrero, con motivo de la violencia generada por los grupos armados. Por su parte, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Durango, y Chiapas, son los Estados que concentran la mayor cantidad de casos de desplazamiento forzado por razones similares.
A pesar de que en 2019 nuestro país oficialmente reconoció la existencia de este fenómeno y se comprometió a atenderlo de forma integral, al día de hoy no contamos con un marco normativo especializado a nivel nacional que determine la forma en que deben destinarse los recursos y surtirse las competencias y responsabilidades entre distintas autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de que se implementen políticas destinadas a prevenir y atender de forma integral esta problemática. Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil tienen la misión de visibilizar esta situación, y emprender acciones de incidencia para obligar al Estado a desplegar sus facultades tanto legislativas como administrativas, con la finalidad de reparar el daño ocasionado a las víctimas de esta situación.
[1] http://cmdpdh.org/episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2019/
Más información sobre el caso
https://www.milenio.com/policia/ministra-propone-ordenar-congreso-legisle-detencion-migratoria
