TEMAS DE INTERÉS
OBLIGADOS A HUIR DE CASA
¿Cuánto sabemos del desplazamiento forzado en México?
Por. Emmanuel Farias Camarero
Los seres humanos se encuentran en constante desplazamiento desde tiempos antiguos. Las razones para migrar son variadas, dentro de ellas encontramos la búsqueda de mejores oportunidades de empleo y económicas, reunirse con familiares o incluso para estudiar. Aunque en algunos casos, dolorosamente las personas escapan de conflictos, persecuciones, terrorismo o violaciones y abusos a sus derechos humanos en sus respectivos países.
El fenómeno que se presenta cuando una persona o grupo de personas se ven orilladas a huir de su hogar como consecuencia de un clima generalizado de violencia, un conflicto armado, o violaciones graves a sus derechos humanos, o bien, por desastres naturales, ello, sin la necesidad de cruzar una frontera internacional, es decir, dentro de su propio país o territorio, se conoce como desplazamiento forzado interno.
El desplazamiento forzado interno implica la violacion a una multiplicidad de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, además, es una transgresión continua y sostenida en el tiempo, pues el impacto generado por esta situación, perdura hasta en tanto las personas que lo sufren obtienen una solución duradera, osea, dejan de permanecer en un estado de vulnerabilidad vinculado a su desplazamiento.
En México las cifras de desplazamiento forzado interno son alarmantes, según el informe titulado “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México 2019”[1], se estima que durante ese año alrededor de 5 mil 128 personas tuvieron que abandonar el Estado de Guerrero, con motivo de la violencia generada por los grupos armados. Por su parte, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Durango, y Chiapas, son los Estados que concentran la mayor cantidad de casos de desplazamiento forzado por razones similares.
A pesar de que en 2019 nuestro país oficialmente reconoció la existencia de este fenómeno y se comprometió a atenderlo de forma integral, al día de hoy no contamos con un marco normativo especializado a nivel nacional que determine la forma en que deben destinarse los recursos y surtirse las competencias y responsabilidades entre distintas autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de que se implementen políticas destinadas a prevenir y atender de forma integral esta problemática. Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil tienen la misión de visibilizar esta situación, y emprender acciones de incidencia para obligar al Estado a desplegar sus facultades tanto legislativas como administrativas, con la finalidad de reparar el daño ocasionado a las víctimas de esta situación.
[1] http://cmdpdh.org/episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2019/
ONG buscan frenar la expulsión de migrantes
de EU por el Covid
-La Jornada
Grupos defensores de los derechos de los migrantes, como el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Oxfam y RAÍCES, reiniciarán un litigio que busca impedir que Estados Unidos expulse a las familias migrantes en la frontera con México durante la pandemia de Covid-19 con el argumento de que la política corta de forma ilegal el acceso al asilo en el país.
La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el principal grupo que representa a las familias migrantes excluidas bajo la orden de expulsión, informó ayer en una presentación conjunta ante el Departamento de Justicia que las negociaciones para resolver el asunto “llegaron a un punto muerto” y debe reanudarse una demanda para frenar la política.
El presidente demócrata Joe Biden ha revertido muchas de las medidas de migración de línea dura de su predecesor republicano, Donald Trump. Sin embargo, mantuvo un decreto sanitario de marzo de 2020, conocido como Título 42, que permite a Estados Unidos expulsar a los migrantes que entren sin documentos a su territorio.
Después de que la administración Biden no logró levantar las restricciones por su propia iniciativa con fecha límite del 31 de julio, las organizaciones volvieron a los tribunales para solicitar una orden judicial preliminar.
“Después de siete meses de que la administración mantuvo la política del Título 42 de la administración Trump, patentemente ilegal e inhumana, realmente no nos quedó más remedio que volver a la corte y buscar una orden judicial inmediata”, indicó Lee Gelernt, abogado principal de la demanda por la ACLU.
Los defensores de los migrantes argumentaron en la demanda que la administración de Biden mantiene el Título 42 en su lugar, no para detener la propagación del Covid-19, sino como herramienta de aplicación de la ley para evitar que más migrantes crucen la frontera sur.
Al validar y extender el decreto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades argumentaron ayer en un documento que permitir que los cruces desde las frontera de México o Canadá “crea un grave peligro” de mayor propagación del virus en Estados Unidos, especialmente por la variante delta.
“Los CDC han emitido una orden que suspende temporalmente la introducción de no ciudadanos independientemente de su país de origen, que migren a través de Canadá y México a Estados Unidos”, explica el escrito.
El viernes pasado, de acuerdo con los datos de Aduanas y Protección Fronteriza obtenidos por NBC News, la Patrulla Fronteriza detuvo a 2 mil 281 migrantes que viajaban con parte de sus familias y sólo 142 fueron expulsados a México bajo el Título 42.
Para los migrantes que viajan como adultos solos, mil 782 de 2 mil 570 fueron expulsados, según cifras. Los niños que viajan sin sus padres no han estado sujetos al Título 42 desde los primeros días de la administración de Biden, aclara la cadena, aunque los grupos alegan que quieren que tal política se levante para siempre.
Un número creciente de familias migrantes que cruzaron la frontera en las últimas semanas ha provocado hacinamiento en las estaciones de la patrulla fronteriza, y muchas serán transferidas a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
En tanto, el gobierno de Illinois cesará la detención de indocumentados y restringirá más la cooperación con las autoridades federales en temas de migración. La nueva ley, promulgada ayer, abarca acuerdos entre las autoridades locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, según los cuales los migrantes pueden ser alojados en cárceles locales durante su proceso judicial.
En otro orden, el número de niños que viajaban solos y que fueron recogidos en la frontera sur de Estados Unidos por las autoridades de inmigración probablemente alcanzó un récord máximo en julio, y el número de personas que ingresaron en grupos familiares posiblemente llegó a su segundo total más alto jamás registrado, de acuerdo con un funcionario federal que citó cifras preliminares del gobierno.
Las autoridades federales presumiblemente recogieron a más de 19 mil niños solos en julio, lo que superaría el máximo previo de 18 mil 877 en marzo, según David Shahoulian, subsecretario de políticas fronterizas y de inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional. El total de junio fue de 15 mil 253.
El número de personas encontradas que viajaban en familia durante julio se prevé que ronde 80 mil, añadió Shahoulian. Eso está por debajo del récord máximo de 88 mil 857 de mayo de 2019, pero es un incremento con respecto a las 55 mil 805 en junio.
Leer nota original:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/03/mundo/ong-buscan-frenar-la-expulsion-de-migrantes-de-eu-por-el-covid/