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La Alianza Humanitaria Chaparral denuncia el desalojo en la madrugada del campamento “El Chaparral” por autoridades, Policía Municipal y Guardia Nacional en Tijuana mientras EEUU sigue negando el derecho a pedir asilo.
Alma Migrante apoya la postura de La Alianza Humanitaria Chaparral ante el desalojo del campamento “El Chaparral” por autoridades, Policía Municipal y Guardia Nacional en Tijuana.
Aquí el comunicado:
07 de Febrero del 2022 Tijuana, Baja California
El 06 de febrero, alrededor de las 4:00 AM, mientras dormían niños, niñas y familias en sus carpas, autoridades acompañados por elementos de policía antimotines y la Guardia Nacional arribaron sin previo aviso al campamento de “El Chaparral” en Tijuana para ejecutar un desalojo total.
La forma en la cual se llevó a cabo este desalojo causó caos, trauma psicológico y emocional, pérdida de pertenencias, miedo generalizado innecesario entre la población migrante; además, fomenta la xenofobia en la región.
Las malas condiciones que se vivieron en el campamento por mucho tiempo —las cuales han sido documentadas y denunciadas en varias ocasiones por la sociedad civil—son resultado del abandono por parte de las autoridades mexicanas, la negligencia de las agencias internacionales, y de la política de negación del derecho a solicitar asilo por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Este desalojo de madrugada con centenares de elementos policiacos y militares fue un acto innecesario que vulnera a las personas en necesidad de protección internacional.
A partir de observación y documentación presenciales, testimonios recabados en el Chaparral y por teléfono, transmisiones públicas, y conversaciones con autoridades, denunciamos los siguientes hechos:
- Demostración excesiva de fuerza: Además de oficiales de agencias gubernamentales municipales, fueron replegados 150 elementos de la policía municipal y 200 elementos de la Guardia Nacional para el desalojo. Según los propios datos de la Alcaldía de Tijuana, en el campamento había 86 núcleos familiares, con un total de 326 personas.
Es decir, el número de policías y militares desplegados para el operativo fue mayor al número de personas migrantes. Varias personas manifestaron que sintieron miedo, pánico, confusión y terror al despertar a las 4:00 am con esta movilización; siendo las infancias las más afectadas.
Los elementos de la Guardia Nacional portaban toletes y escudos antimotines, y observamos a varios elementos arriba de camiones con armas largas. Esto genera más trauma psicológico y emocional para las personas que han -en muchos casos- sufrido ataques violentos por autoridades o el crimen organizado.
- Operativo de madrugada sin previo aviso: Al ejecutar el desalojo alrededor de las 4:00 de la madrugada y sin previo aviso, las autoridades generaron pánico y miedo innecesarios. Varias personas migrantes comentaron que si les hubieran avisado sobre el desalojo, se hubieran ido por su propia voluntad.
- Destrucción de pertenencias: La confusión generada por el operativo sorpresa hizo que varias personas perdieran o no lograran sacar pertenencias importantes, las cuales luego fueron destruidas y desechadas por las autoridades. Se observó y se documentó testimonios de destrucción de documentos importantes, comida, agua, ropa, juguetes para niños, carpas, cobijas, parrillas, ollas, etc. Varias personas migrantes manifestaron que las autoridades les dijeron al principio que llevaran pocas mudas de ropa y una mochila.
Autoridades dijeron que no iban a desalojar, pero lo hicieron: Las autoridades municipales de la actual administración se comprometieron públicamente en varias ocasiones a no desalojar a la fuerza a las personas migrantes del campamento “El Chaparral.” Incluso así lo manifestaron en días pasados durante una reunión con personas del campamento. Estas contradicciones y promesas incumplidas aumentan la falta de confianza y la falta de credibilidad de las autoridades.
- Fomentan la xenofobia: Al desplegar una gran fuerza policiaca y militar para un operativo que se trata de personas, incluyendo familias y la niñez, en contexto de movilidad -nacional y de otros países- y de necesidad de protección internacional, se presenta a la población migrante como criminal y se equipara a la inseguridad, fomentando y profundizando actitudes xenofóbicas en la población general de la región.
- Reubicación a lugares sin certeza de larga estancia: según la información accesible hasta el momento, parece probable que algunas personas migrantes que fueron reubicadas a albergues, estarán en lugares donde no hay certeza definitiva de una larga estancia.
En un caso anterior tenemos documentado que personas del Chaparral reubicadas por autoridades municipales fueron enviadas a lugares donde después de tres días no pudieron permanecer en el albergue. Varias personas solicitaron claridad sobre los tiempos de estancia en los albergues y las autoridades mencionaron que sería de tiempo indefinido, sin límite. Es fundamental que eso se cumpla.
- Propician que familias tengan que enfrentar una situación de calle: ante la confusión, la falta de opciones adecuadas, la gran desconfianza que generan los espacios administrados por el gobierno y el desbordamiento actual de los albergues de sociedad civil, muchas familias se encuentran desprotegidas, sin un lugar a dónde ir y en completa situación de calle.
- Falta de acceso a solicitar asilo en los Estados Unidos: Debido a políticas migratorias de los Estados Unidos como el Título 42, no existe el derecho de pedir asilo en los Estados Unidos y muchas personas se encuentran varadas en ciudades fronterizas como Tijuana sin forma de proteger sus vidas de los peligros por los cuales han huido de sus lugares de origen.
Cientos de personas de otros países y de México buscan salvar sus vidas y se enfrentan a una frontera cerrada donde su derecho a solicitar protección no se respeta.
Reconocemos que las condiciones en el campamento de personas refugiadas del Chaparral eran inaceptables. Sin embargo, por las razones mencionadas arriba, consideramos que el desalojo ejecutado hoy por los tres niveles del gobierno mexicano fue cruel y violento.
Hacemos los siguientes llamados:
- Que el gobierno de los EEUU acabe con el Título 42, con la política MPP o “Quédate en México,” y que comience de inmediato a recibir a personas solicitantes de asilo.
- Que el gobierno mexicano garantice de forma inmediata los derechos humanos de las personas migrantes que se encuentren en Tijuana, incluyendo una vida libre de violencia, su derecho al agua, a la salud física y psicológica, al alojamiento y a la seguridad.
En solidaridad con quienes migran y buscan protección internacional. La Alianza Humanitaria Chaparral: APALA-SD (Asian Pacific American Labor Alliance-San Diego), AFSC (American Friends and Services Committee), Border Angels (Ángeles de la Frontera), Border Line Crisis Center, Psicólogos sin Fronteras BC, y United US Deported Veterans forman juntos CHA o el Chaparral Humanitarian Alliance.
Esta alianza busca apoyar a migrantes y todos aquellos que buscan asilo en los Estados Unidos por medio de Tijuana, B.C.
